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Próxima gestión legislativa deberá atender a las víctimas de la Guerra Civil Salvadoreña

La Asamblea Legislativa, en la gestión saliente, emitió una Ley de Reconciliación Nacional que contenía elementos de impunidad, había una serie de disposiciones que eran contrarias a la Constitución de la República, a la misma sentencia que derogó la Ley de Amnistía y también eran contrarias al Derecho Internacional Humanitario.

Esa ley emitida en febrero de 2020 permitía la reducción de las penas a los criminales de guerra y la conmutación de las penas por motivos de salud o edad. El presidente de la República la vetó

David Morales, uno de los integrantes de la acusación particular, en el caso “El Mozote” manifiesta que la protección a los criminales de guerra sigue vigente porque el presidente de la República Nayib Bukele y el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, tuvieron -hace poco tiempo- una posición similar a la de gobernantes anteriores, en un pacto con altos mandos de la Fuerza Armada para proteger criminales de guerra y, por supuesto, abandonar a las víctimas.

Ante la llegada de la próxima gestión legislativa, Morales dice que deberá demostrar si sigue o no la protección a los criminales de guerra.


“¿Cuál es la posición oficial de esta nueva legislatura? El presidente Bukele, en el proceso de confrontación con la Asamblea Legislativa anterior, justamente vetó la ley de impunidad que aprobó la legislatura saliente.Entonces, por coherencia, si es coherente con su propio veto, deberían emitir una ley con otro estándar que facilite la justicia.Y uno de los temas para facilitar justicia es facilitar archivos militares. Entonces, habría una contradicción con lo que el presidente Bukele planteó en su veto, en la Ley contra la impunidad de la Asamblea Legislativa saliente y lo que el mismo presidente hizo ordenando bloqueo de archivos.Es una contradicción que la Asamblea Legislativa  debiera subsanar, dando una ley con los estándares internacionales. Sin embargo, evidentemente el presidente Bukele debe definirse en esta situación, ojalá enmendara ahora que tiene una influencia, una política tan grande, al tener su partido, control de la Asamblea Legislativa y esperamos que enmiende, nuestra lucha va a ser denunciar, exigirle, exigir de la Asamblea Legislativa y llevar a instancias internacionales y reiterar los incumplimientos.


Las organizaciones de derechos humanos manifiestan que hay obstaculización de la búsqueda de justicia en los crímenes de guerra en El Salvador y esto acarrea responsabilidades para todos los poderes del Estado.

La Asamblea Legislativa  que ahora está saliendo se dedicó a tratar de reciclar una Ley de Amnistía inicialmente y luego a brindar una ley de impunidad que eliminara las condenas y las penas para los criminales de guerra.

Además, en el país se ha tenido un Órgano Ejecutivo que siempre ha tenido una deuda histórica con las víctimas, que no ha cumplido su obligación de reparaciones, ha protegido militares, ha ocultado archivos y en la actual gestión del presidente Bukele este posicionamiento se endureció.

Otro de los integrantes de la acusación particular, en el caso “El Mozote”, Antonio Aguilar, hace un llamado a los diputados y diputadas que están por asumir su cargo el próximo 1 de mayo


“Si bien es cierto, es una Asamblea Legislativa que va a tener un dominio o una conformación muy cercana al Órgano Ejecutivo, al presidente de la República, pero tomándole la palabra al presidente, en el sentido de que vetó la Ley emitida por la Asamblea Legislativa por ser contraria al acceso  a la justicia, al derecho a la verdad.Ahora la nueva Asamblea Legislativa tendrá la oportunidad histórica de trabajar con las víctimas, de trabajar con las organizaciones de derechos humanos, de manera que a la mayor brevedad posible, diseñar una ley de justicia transicional que esté acorde a los parámetros de la justicia transicional, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.


Las organizaciones de Derechos Humanos señalan que después de 30 años de incumplimiento de la justicia, las dudas son muchas. Ante esto, las obligaciones de la nueva gestión legislativa deberá ser una Ley de Reconciliación Nacional que haga justicia y que esté a favor de las víctimas del conflicto armado salvadoreño.

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