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Queda para el mes de Julio juicio a ex directores de Penales acusados de mover dinero de tiendas penitenciarias

El Tribunal 5° de Sentencia reprogramó para julio, la vista pública contra los exdirectores de Centros Penales, Rodil Fernando Hernández Somoza y Nelson Rauda Portillo, procesados por los delitos de administración fraudulenta y actos arbitrarios. 

Para ayer se tenía previsto instalar el juicio, pero los abogados de Hernández Somoza, presentaron incapacidad médica haciendo constar que presenta cuadro clínico con padecimiento de Covid-19, por lo tanto se tiene previsto que se instale del 5 al 9 de julio. Ambos procesados ya habían sido absueltos de cargo, por el Tribunal 4° de Sentencia, pero la Fiscalía apeló dicha decisión y es así que la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro ordenó la repetición de la Vista Pública. 

Según la Fiscalía General de la República (FGR) los periodos investigados son entre 2012 y 2014, la cual mediante la pericia contable presuntamente se determinó que Hernández Somoza habría administrado, de forma fraudulenta la cantidad de 121 mil 238 dólares, mientras que a Rauda por la cantidad de $87 mil 154 dólares. 

La Fiscalía asegura que los imputados ordenaron desembolso de dinero de los fondos de las tiendas institucionales, para fines que no establece la Ley y no administraron de forma correcta dichos fondos. Asimismo la FGR, presume que los exdirectores de Centros Penales ordenaban que se emitieran cheques, supuestamente para la Inteligencia del Estado y no existe informe o persona que haya recibido dinero. 

El Tribunal absolvió de manera unánime a los exdirectores, el 29 de septiembre del 2019, manifestando que la misma declaración de los testigos de cargo no atribuía una figura de delito para los acusados, asimismo, se le dio tal credibilidad a los testigos, debido a que sus declaraciones se comprobaba con la prueba pericial de caso. 

En el juicio el exministro de Justicia y Seguridad, General David Munguía Payés, narró que cuando Rauda era director de Centros Penales le había entregado dinero de las tiendas penitenciales, para el pago de inteligencia y contra inteligencia, que mensualmente le daba entre dos mil y dos mil 500 dólares para dichos pagos.

Agregó que sabía que también se pagaba con el dinero de las tiendas a personal que servía de inteligencia en los penales y esto se daba porque en los penales era donde «se recopilaba la mejor información».

En el anterior proceso, la jueza dijo que «fue posible vislumbrar que nunca actuaron de manera dolosa, es más, el dinero de las ganancias de las tiendas se utilizó para pago de inteligencia, para prevenir ilícitos en los penales, para mejoras de infraestructura y otros».

Mientras que en actos arbitrarios, el tribunal señaló que no habían preceptos que indicaran que el movimiento de recursos constataba un delito penal y lo mantuvieron en un plano administrativo.

El ministerio público apeló diciendo que los juzgadores basaron su decisión en una mala interpretación de las declaraciones de los testigos. Entre tanto, la Cámara ordenó un nuevo juicio y estará a cargo del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.

El caso

El Ministerio Público acusa a Rauda y Hernández de rebasar sus facultades valiéndose de su cargo y autoridad, para dar órdenes al personal de la tienda institucional para distribuir sus ganancias para fines totalmente distintos a los que establece el artículo 152 del Reglamento General de la Ley Penitenciaria.

La FGR sostiene que hubo un mal manejo de dinero proveniente de estas tiendas que presuntamente sirvieron para el pago de salarios, bonificaciones y viáticos de personas que presuntamente colaboraron y mediaron la tregua entre pandillas, gestada en el Gobierno de Mauricio Funes, en el año 2013.

La defensa de Rauda manifestó que la acusación es una doble persecución, pues el ex funcionario ya había enfrentado otra causa similar en el caso “Tregua I”.

Por su parte la abogada de Hernández, Berta Deleón manifestó en 2019 que la acusación por administración fraudulenta no reúne los requisitos: “no se establecen montos, ni período de tiempo; es un caso precario y pobre”, aseveró. En aquella ocasión afirmó que no hay evidencias que concreten que hicieron un mal manejo de fondos ya que las tiendas penitenciarias pueden sufragar pagos de inteligencia.

Ambos juristas coinciden en que no fue una decisión “entera de los ex directores”, ya que participan en la toma de decisiones las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Rauda fungió como director desde el 8 de febrero del año 2012 al 30 de mayo del 2013, mientras que Hernández desde junio del 2013 hasta junio del 2017.

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