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Reformas Constitucionales convierten a la Corte de Cuentas en la Contraloría General de Estado

¿Qué es la Contraloría Pública y Social que contempla las reformas a la Constitución de la República? Una entidad que, según el borrador de proyecto, que fue divulgado el miércoles 11 de agosto por el Equipo Adhoc liderado por el Vicepresidente Félix Ulloa, es la combinación de varias instituciones de Gobierno, que se encargan de tutelar los derechos previstos en la Carta Magna.

El borrador comprende un capítulo completo para detallar su composición y sus atribuciones. Según el artículo 195, la Contraloría estará conformada por: Contraloría General de Estado, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Defensoría del Consumidor.

La Controlaría General de Estado, sustituirá a la Corte de Cuentas de la República, y se encargará de los exámenes de “legalidad y corrección del ingreso y gasto público”, además fiscalizará la ejecución presupuestaria y todo lo relacionado con las entidades que administren fondos públicos.

Según el proyecto de reformas esta Contraloría podrá actuar preventivamente a solicitud del organismo fiscalizado, del superior jerárquico de éste o de oficio cuando lo considere necesario.

La fiscalización comprende la gestión financiera y el desempeño para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los planes, programas y proyectos de los entes públicos, siendo ambos vinculatorios para los efectos de responsabilidad de los servidores públicos.

Es decir, la Contraloría podrá llevar a cabo auditorías parciales en todo momento a toda actividad u obra en que se utilicen recursos públicos.

En el ejercicio de su función fiscalizadora tendrá amplias facultades para escrutar los recursos aunque se declare disposiciones de privacidad o reservas. 

La Junta Superior de Contralores rendirá anualmente a la Asamblea Legislativa un informe detallado y documentado de las labores de la Contraloría. Esta obligación deberá cumplirse dentro de los tres meses siguientes a la terminación del año fiscal. El incumplimiento de esta obligación se considera como causa justa de destitución.

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