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Rodolfo Delgado anunció que la FGR va tras el patrimonio de los herederos del fallecido banquero Mauricio Samayoa

Rodolfo Delgado anunció que la FGR Iniciara un proceso civil en contra de los bienes de Mauricio Samayoa, expresidente del Banco Cuscatlán, empresario de la banca, que estuvo implicado en el desvío de fondos donados por el Gobierno de Taiwán.

«Hemos recibido la notificación de la Camara 2° de lo Penal de San Salvador que se declaran sin lugar los recursos de casación presentados por la Fiscalía en la administración anterior», reveló Delgado.

«Consideramos que uno de los grandes retos no solo es condenar a las personas, también ejercer todas las acciones legales posibles para recuperar el dinero sustraído del Estado, ese será mi compromiso mientras dure mi administración».

Fiscal General sobre hallazgos de CICIES: «No estoy dispuesto a entregar esa información… hasta que las investigaciones no lleguen a feliz término»

Hasta que no se judicialicen, la Fiscalía General de la República (FGR), no divulgará los casos de indicios de corrupción en el marco de la pandemia, que notificó la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES), aseguró el titular de esta entidad, Rodolfo Delgado.

Este miércoles, durante un anuncio de acusación de implicados en el desvío de fondos de Taiwán, Delgado habló que “no es necesaria la CICIES, para investigar casos de corrupción”, esto en razón que el Ministerio Público ha presentado en el pasado, acusaciones contra este flagelo.

“Precisamente todas las investigaciones que se han presentado en el pasado, se ha presentado por personal de la Fiscalía, y por decisión de los titulares se ejercieron de manera no adecuada”, contextualizó.

Sobre los hallazgos de la CICIES, Delgado invocó el Código Procesal Penal, cuyo artículo 76, para argumentar que las diligencias judiciales son “reservadas para las partes”.

“En ese sentido, y considerando la responsabilidad con la cual se presentaron los avisos de la CICIES, no estoy dispuesto a entregar esa información hasta que las investigaciones no lleguen a feliz término, ya sea presentando las acciones correspondientes en los tribunales, o bien, archivando las mismas”, dirimió el jefe del ministerio público.

Nueve casos de corrupción fueron remitidos por la CICIES a la FGR desde enero a abril de 2021; cuatro de ellos, se refieren a hechos que configuran los delitos de negociaciones ilícitas.

Estos datos se conocieron luego que el Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) lo solicitaran a la Fiscalía mediante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UNAC).

Sin embargo, la UNAC denegó la información relativa a las instituciones públicas, privadas,  funcionarios o empleados públicos contra quienes va dirigida la denuncia y avisos de la CICIES, pues detallaron que se trata de información reservada por contemplarse en el Código Procesal Penal en su artículo 76, que establece que “las diligencias de investigación serán reservadas y sólo las partes tendrán acceso a ellas, o las personas que lo soliciten y estén facultadas para intervenir en el proceso”.

El 4 de marzo del 2021, la CICIES interpuso 5 casos de posible cometimiento de delitos de corrupción; 3 de ellos por negociaciones ilícitas y uno sin delimitar de qué ilícito se trataba; el 24 de marzo interpuso otros 4 avisos, 1 de ellos por el referido delito.

Todos se encuentran en fase de investigación en la Dirección contra la Corrupción y la Impunidad, según suscribió la FGR, en el informe dado a la ALAC.

El pasado 4 de junio, el Fiscal General nombrado por la Asamblea Legislativa desde el 1 de mayo, anunció el fin del convenio con la Comisión, sin detallar qué ocurriría con los casos coordinados y los avisos interpuestos por esta misma.

En abril, el comisionado de la CICIES, Ronald Ochaeta aseguró que dieron aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) de 12 irregularidades de posibles indicios de corrupción de “cinco carteras de Estado”, sin mencionar de cuáles instituciones podría tratarse.

Una de estas sería relacionada a compras «irregulares» del Ministerio de Salud, según un allanamiento que dirigió la Fiscalía en noviembre del año pasado.

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