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Sala admite a trámite amparo de periódico El Faro y ordena medidas cautelares

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso de amparo presentado por el periódico digital El Faro contra el Ministerio de Hacienda por fiscalizaciones que consideran sobrepasan lo tributario y de lo que tiene competencia.

De acuerdo con el medio, las auditorías de referida cartera de Estado incluye solicitudes de los libros completos de actas de Junta Directiva que contienen discusiones de índole editorial, así como información de carácter privado con organizaciones internacionales y la identidad de todos los suscriptores que son parte del programa de «Excavadores ciudadanos”, que ayudan al financiamiento de este, que no cumplirían aspectos tributarios.

Al presentar el recurso el pasado mes de agosto, el director del periódico señaló que “Nuestros abogados y asesores tributarios temen que las solicitudes puedan ir dirigidas a afectar, de alguna manera, las operaciones del periódico o de las personas y organizaciones que sostienen nuestro funcionamiento”.

El proceso de auditoría tributaria a su contabilidad de los ejercicios 2014, 2016, 2017 y 2018 comenzó en julio de 2020; no obstante, dos meses después, el 6 de septiembre hicieron este nuevo requerimiento de información.

“Dentro de las restricciones indirectas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión se comprende también el uso de las facultades legales de la Hacienda Pública, con una clara desviación de poder que no busca recaudar los ingresos tributarios del Fisco sino amedrentar, acosar o incluso configurar arbitrariamente la comisión de supuestos delitos”, reza parte del amparo.

Por su parte, el Máximo Tribunal admitió a trámite y emitió una medida cautelar de obligatorio cumplimiento de la cartera de Hacienda:

«Suspéndanse inmediata y provisionalmente los efectos de las actuaciones reclamadas en el sentido de que las autoridades demandadas deberán abstenerse de continuar con los requerimientos de la documentación e información que ha sido sometida a controversia por la sociedad Trípode, S.A. de C.V. –los libros de actas de la Junta Directiva de la sociedad, los informes o reportes finales que se entregan a los cooperantes internacionales y los detalles sobre los suscriptores que realizan aportaciones periódica», señala la resolución.

Además, dentro de 24 horas deberán informar las autoridades del Ministerio si son ciertos los hechos atribuidos, así como informar si se ha dado cumplimiento a la medida cautelar.

«Dicha suspensión cautelar no es óbice para que la administración pública tributaria continúe con los procedimientos de fiscalización iniciados respecto de la sociedad actora y que pueda realizar requerimientos de documentación e información diferentes a las cuestionadas en este proceso constitucional», añadió la Sala.

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