- La Sala de lo Constitucional advirtió al Gobierno que certificará a la FGR de posible delito si no deja ingresar a los salvadoreños o extranjeros residentes definitivos, al reabrir el aeropuerto
Como seguimiento para hacer cumplir su última orden al Gobierno del Presidente Nayib Bukele, la Sala de lo Constitucional actuó esta tarde para que se cumpla lo ordenado por el máximo tribunal.
La primera decisión de la Sala de lo Constitucional fue declarar inconstitucional el pedir pruebas de COVID a las personas que ingresan al país, tanto a ciudadanos como a residentes permanentes.
Nuevamente el Presidente Bukele desató un nuevo pulso con la Sala de lo Constitucional, al amenazar con cerrar el aeropuerto si no se cumplen sus instrucciones de que las aerolíneas exijan la prueba PCR a los pasajeros antes de abordar cualquier vuelo con destino a El Salvador. Además de generar tensión institucional, Bukele estaría a las puertas de desacatar otra vez a la máxima instancia de la Corte Suprema de Justicia, que justifica sus fallos en su intento de proteger los derechos constitucionales de los salvadoreños.
Un dia antes la Presidencia de la República criticó que el fallo de la Sala llevaría a un repunte de contagios que implicaría retroceder en el combate contra el Coronavirus. Según Bukele nuestro país no puede aceptar miles de viajeros diarios sin control, viajando en cabinas presurizadas y contagiando a los demás, en esta etapa de la pandemia. «Sería sumarle miles, o al menos cientos de contagios, a los 80 o 90 que estamos detectando diarios», sentenció
La Sala manda advertencia
La Sala de lo Constitucional advirtió al Gobierno que certificará a la FGR de posible delito si no deja ingresar a los salvadoreños o extranjeros residentes definitivos, al reabrir el aeropuerto.
«Por ello, en caso de inobservancia de la medida cautelar adoptada en este proceso, por parte de alguna autoridad, en el sentido de insistir en inadmitir el ingreso de salvadoreños o extranjeros residentes definitivos por cualquier vía (terrestre, marítima o aérea), se certificará de manera inmediata a la Fiscalía General de la República por el posible cometimiento de delito», dice literalmente la sala en su fallo.
Los magistrados fueron categóricos en advertir que una actitud de rechazo a la decisión adoptada el pasado 14 de septiembre, en la que suspende la exigencia de la prueba PCR negativa a Covid-19 para todo ciudadano salvadoreño o residente fijo que venga al país, acarrea responsabilidades constitucionales y legales, para los funcionarios que decida no acatar la orden judicial.
