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Sala ordena al Presidente Bukele a aprobar y publicar Ley de Atención a la pandemia que emitió la Asamblea

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió su sentencia sobre la controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo por la legalidad de la Ley Especial Transitoria para Contener la Pandemia por la Enfermedad COVID-19.

Referida normativa fue emitida por la Asamblea Legislativa el pasado 29 de octubre, pero fue vetada por el Presidente Nayib Bukele por considerarla inconstitucional; el mismo día que comunicó el veto, los diputados lo superaron y pasó a conocimiento de la Sala para dirimir el conflicto.

El Máximo Tribunal desestimó los argumentos de la Presidencia y ordenó que la ley debe sancionarse (aprobarse) y publicarse en el Diario Oficial para que entre en vigencia.

Cercos sanitarios deberán informarse a alcaldías y abarcarán un kilómetro

El Ministerio de Salud deberá elaborar un plan de prevención, protección y respuesta, mismo del que será responsable.

Asimismo, da la posibilidad que se establezcan cercos sanitarios o «zonas epidemiológicas», las cuales solo podrán ser motivadas por un incremento de un 10% de casos positivos en la localidad, solo abarcará un perímetro de un kilómetro y una duración de 72 horas máximo.

Además, Salud tendrá que comunicar la instalación del cerco en 24 horas a los concejos municipales respectivos; las zonas epidemiológicas deberán contener la identificación del Ministerio de Salud que emite la resolución, identificación de la porción a intervenir, los motivos que fundamentan la declaratoria, identificación de medidas sanitarias a implementar y resolución motivada que ordena se deberá publicar en el sitio web o medios de la cartera de Estado.

No contempla cuarentenas generalizadas ni restricción de derechos 

Las cuarentenas solo se contemplan para las personas contagiadas de COVID-19 o que hayan estado expuestos al virus, pero no podrá decretarse de manera generalizada.

También señala que no se podrá suspender ningún derecho constitucional como la libertad de circulación de forma y tampoco se permitirá el uso coercitivo de la Fuerza Armada.

Los trabajadores que sean sometidos a cuarentena no podrán se despedidos, sancionados ni sujetos a descuentos en sus centros de trabajo y se aplicará el subsidio por incapacidad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Tampoco se permitirá el cierre de centros de trabajo sin el debido proceso legal.

Canastas alimentarias con nueva leyenda

El Gobierno deberá garantizar la seguridad alimentaria a través de canastas básicas dirigidas a la población en coordinación con las municipalidades, la Fuerza Armada no podrá participar en la entrega.

Los paquetes deberán contener una leyenda que diga “estos productos han sido pagados con sus impuestos”.

Actividades académicas

El Ministerio de Educación determinará el periodo de suspensión de clases presenciales en el sistema nacional público, privado y de estudios superior; se facilitarán modalidades para el proceso de enseñanza.

Información oficiosa

Todos los expedientes de procesos de adquisición, bienes, obras y servicios, fondos detinados a la pandemia, el plan de prevención, contención y respuesta a la pandemia y los resultados obtenidos de cada zona sujeta a control sanitario.

Añadieron que el incumplimiento de esta medida amerita una multa de hasta 10 salarios mínimos mensuales por cada día de incumplimiento a los funcionarios involucrados, que será impuesta por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

¿Por qué consideró el Presidente que era inconstitucional?

Según el primer mandatario, existía una invasión de facultades entre Órganos de Estado y con el Ministerio de Salud en los artículos 1, 65, 66 y 67 referidos a la salud pública como parte de una política del Ejecutivo, así como el artículo 86 de separación de poderes.

Bajo estas argumentaciones, se manifestó que el contenido de la ley es el de una política de salud, cuya emisión le compete al Órgano Ejecutivo y no al Legislativo; «el Órgano Legislativo debió, al menos, coordinar con el Órgano Ejecutivo el contenido del decreto legislativo, para incorporar los lineamientos técnicos propios de una política de salud».

Asimismo, el Gobierno consideró que la Asamblea estaría atentando contra la salud de la población, ya que adoptan medidas que no son adecuadas para el abordaje de la crisis sanitaria, como limitar las zonas epidémicas a un monitoreo de casos sin que se puedan restringir las garantías constitucionales, como suspender la libertad de circulación; así como que esta zona se limite a un kilómetro de circunferencia y un máximo de implementación de 73 horas.

Resolución de la Sala

No obstante, los magistrados manifestaron que los elementos alegados por la Presidencia ya habían sido tratados en la sentencia que le ordenó publicar el decreto 661 de emergencia nacional y apertura económica, por lo que desestimaron los argumentos.

«Este tribunal, en la sentencia de 19 de agosto de 2020, controversia 8-2020, se encargó de resolver los mismos cuestionamientos de constitucionalidad que en esta ocasión realiza nuevamente el Presidente de la República, que, aunque referidos a otro objeto de control, comparten identidad en cuanto que cuestionan la competencia del Legislativo para intervenir y regular asuntos referentes a la salud pública», dictaron.

De acuerdo con la sentencia, no existe una invasión a las competencias que corresponden al Órgano Ejecutivo y ambos poderes se complementan para crear las normativas.

¿Cuándo entrará en vigencia?

Si transcurren los ocho días hábiles siguientes al de recibir esta notificación y el Presidente no sanciona el Decreto n°757, se tomará como sancionado o aprobado; si luego de 15 días más no se publica en el Diario Oficial, lo hará el Presidente de la Asamblea.

La Ley tiene una vigencia de ocho meses.

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