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Según datos de la PNC solo entre 2014 y 2019 se reportaron más personas desaparecidas que durante el conflicto armado

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, organizaciones sociales emitieron un pronunciamiento por el aumento de casos de este tipo.

Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), entre 2014 y 2019 se reportaron más de 22,000 denuncias de personas desaparecidas, una cifra mayor a las estimaciones de desaparecidos durante el conflicto armado.

En el año 2020, el fenómeno arreció con mayor énfasis en la población joven y adulta joven; De acuerdo a información de la PNC, en el 2020 registraron 1,539 desapariciones.

De estas, el 34.18% (526 personas) correspondía a mujeres y el 65.82% (1,013) son hombres, de los cuales, el 41% son casos activos al cierre de ese año.

Entre enero y abril del 2021 se han registrado 424 personas desaparecidas, que según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), significa un incremento en relación al mismo período del 2020, cuando se registraron 198.

Hasta ahora, la mayoría de estas desapariciones son causadas por las pandillas u otras formas de crimen organizado, aunque las organizaciones no descartan que también estén involucrados agentes de seguridad del Estado y hombres que violentan derechos de las mujeres.

“En territorios dominados por agrupaciones masculinas violentas –como las pandillas- las mujeres y niñas enfrentan un proceso de sometimiento continuo, siendo la desaparición una de sus expresiones más graves. En estos casos, las alertas de búsqueda suelen opacarse bajo la justificación de vivir en territorios controlados por pandillas, apelando –prácticamente- que estas desapariciones son el resultado de su ‘involucramiento’ con dichas estructuras criminales”, reza el pronunciamiento.

El Ministerio Público cuenta con el Protocolo de Acción Urgente (PAU), que permite a familiares de víctimas denunciar los hechos en las primeras horas de cometido el hecho. En julio del 2018, se creó la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas dentro de la FGR y un instructivo interno para su búsqueda. En diciembre del 2019, la Asamblea Legislativa aprobó incorporar el Delito de Desaparición de Personas, en la legislación Penal. Bajo este delito, solo se han procesado cuatro casos, según las organizaciones.

“Los resultados no son efectivos […] la respuesta estatal ante estos graves hechos todavía es lenta y deficiente”, remarcan.

Como propuesta sugieren crear un registro único de personas desaparecidas y establecer un grupo de trabajo que mapee la nómina de los posibles cementerios y fosas clandestinas en el país. Y fortalecer las capacidades financieras, técnicas y humanas que lleve a cabo el Instituto de Medicina Legal.

Ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Además, proponen a los Diputados crear una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas y una Ley de Ausencia por Desaparición, que permita dar continuidad jurídica de la víctima y preservar su derecho para su familia.

El pronunciamiento fue firmado por el Centro para la Promoción de Derechos Humanos ‘Madeleine Lagadec’; Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES); la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho; Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad; Tutela Legal ‘María Julia Hernández; y la Organización de Víctimas Demandantes (VIDA).

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