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Sigue la expectación por la inminente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros

La Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, de la Asamblea Legislativa aprobó, en noviembre de 2021, el dictamen favorable para la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que no sometería a votación dicha ley, hasta que tenga un acuerdo consensuado con el cuerpo diplomático, con organizaciones y con la sociedad civil.

La Ley de Agentes Extranjeros incluye sanciones económicas que van desde los 100 mil hasta los 150 mil dólares y penas carcelarias, de 2 a 5 años de prisión, para organizaciones no gubernamentales y asociaciones sin fines de lucro, que reciban cooperación internacional y que incumplan la ley.

De aprobarse dicha normativa, se convertirá en un instrumento más de persecución política, según el abogado constitucionalista Enrique Anaya.

Si se aprueba la Ley de Agentes Extranjeros, el Ministerio de Gobernación y el presidente de la República tendrán amplias facultades para vigilar, controlar, coartar y coaccionar el trabajo de las organizaciones.

Para la directora de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la UCA, Gabriela Santos, el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros tiene un propósito que difiere del discurso de transparencia del gobierno.

Los altos impuestos del 40% a la cooperación internacional muestran claramente el objetivo de paralizar las organizaciones de la sociedad civil.

Según el director ejecutivo de Comunidades de Fe Organizadas en Acción, COFOA, ahora el dinero de la cooperación internacional regresará a las organizaciones o fundaciones con fines de lucro.

En el artículo seis de la Ley de Agentes Extranjeros se indica que habrá un Registro de Agentes Extranjeros, RAE, y este dependerá del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. En este listado deberán inscribirse todos los sujetos obligados conforme a la propuesta de ley.

De acuerdo a lo propuesto en la normativa, los sujetos obligados deberán inscribirse en el RAE en un plazo de 180 días hábiles, una vez que entre en vigencia, tras ser publicada en el Diario Oficial.

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