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Sindicato de la Corte de Cuentas cierra instalaciones por incumplimiento de contrato colectivo y las autoridades presentan denuncia en Fiscalía por «bloquear la labor fiscalizadora»

A tempranas horas de este lunes, el Sindicato de los Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República (SITCCOR) se concentró frente al edificio central del ente fiscalizador, para reducir labores y denunciar el incumplimiento en el contrato colectivo de trabajo.

Francisco Ayala, secretario general del SITCCOR, manifestó que los magistrados de la Corte de Cuentas aseguraron no poder hacer efectivas las cláusulas del contrato por dos razones: Porque la CCR estaba desfinanciada y no estaba dentro del presupuesto 2020.

Según dijo, los magistrados también alegaron que por la pandemia del COVID-19, parte del presupuesto fue destinado a compras de insumos de bioseguridad.

Por su parte, la secretaria de Organizaciones y Estadística del SITCCOR, Griselda Guardado, aseveró que los magistrados aún no convocan a mesa de diálogo, la problemática data de 2019, año en que se firmó el contrato colectivo y entraba en vigencia en 2020, “hasta la fecha no se le ha dado cumplimiento”.

Además, denunciaron que las autoridades han avalado la contratación de personal, fuera de los procedimientos establecidos en la ley.
“Hemos visto personas con salarios que van desde los $900 hasta $1,348 dólares; se ha contratado gente con salarios de más de $3,000 dólares solo porque son cheros de Roberto Anzora, de la primera magistrada (María del Carmen Martínez) y de Guillermo Méndez Panameño”, manifestó Ayala.

Durante la protesta, el Sindicato denunció además “la falta de operatividad por parte de los magistrados de la Corte de Cuentas”, además de una serie de auditorías que no se han realizado a nivel nacional, consideran que esas acciones “obedecen a los intereses ya pactados con los partidos que los eligieron a ellos”.

Asimismo, el secretario hizo un llamado al presidente de la Corte, que “manden lineamientos claros a todas las jefaturas nefastas que hasta este momento no han querido cumplir con los protocolos de bioseguridad”, completó Ayala.

Más tarde, los apoderados legales de la Corte interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el cierre de las instalaciones.

Ulises Arce, abogado de la Corte de Cuentas, explicó que el sindicato al impedir el acceso a los trabajadores a las instalaciones, afectó el ejercicio constitucional de auditoría a la administración pública. 

“Consideramos que haciendo uso de lo que establece el Código Procesal Penal que en caso de que alguien se entere del cometimiento de un hecho delictivo de acción pública, podría haber incurrido en los delitos de Actos Arbitrarios, Desórdenes Públicos y Ejercicio Violento del Derecho”, expresó el profesional.

Ante esta situación, el jurista aseveró que no pueden, en su derecho sindical, cerrar las instalaciones de un edificio público.

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