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Sindicato de la Corte de Cuentas pide a Sala declarar inconstitucionales a sus Magistrados

El Sindicato de Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República (SITCCOR) pidieron este miércoles a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) darle celeridad a una demanda de inconstitucionalidad contra los titulares del ente contralor, por las supuestas irregularidades entorno a su elección.

Francisco Ayala, Secretario General de SITCCOR, explicó que el 24 de septiembre del 2020, dos abogados interpusieron un recurso de inconstitucionalidad por la elección de los Magistrados de la CCR; señalando, que la Asamblea Legislativa no tomó en cuenta la relación de sus miembros con partidos políticos.

Asimismo, cuestionó que los Diputados aprobaron el 16 de agosto del año pasado, la reelección de dos de los Magistrados, pese a que había contra ellos una sentencia de inconstitucionalidad, la cual fue emitida por la Sala un mes antes.

“Creemos que es necesario y urgente que se tome en consideración nuestras demandas en virtud que el Magistrado Roberto Anzora, fue señalado de pasar información al Diputado Rodolfo Parker del Gobierno; luego tenemos el caso de la Magistrada (Carmen) Martínez Barahona que tiene vínculos con el partido FMLN, y el segundo Magistrado Julio Guillermo Bendek Panameño, aparece también en las filas del FMLN”, explicó.

Ayala aseguró que las actuales autoridades han detenido los procesos de promoción de plazas y en su lugar están contratando personas a fines a partidos políticos.

«No quieren poner a concurso las plazas de jueces, jefes de equipos, de auditores, estamos hablando de arbitrariedades que tienen que ver con restarle oportunidades a muchos compañeros que han estado años aquí; porque están poniendo a gente de ARENA y FMLN, lamentablemente la Corte está siendo manoseada políticamente», subrayó el sindicalista. 

Pese a la resolución de inconstitucionalidad, la Sala les permitió a las autoridades de la Corte continuar fungiendo hasta el 27 de agosto de 2020, y no se les inhibió a participar en la reelección; tal es el caso de la Magistrada Martínez Barahona y Anzora, quienes obtuvieron el apoyo de las fracciones de ARENA, FMLN y PDC.

De acuerdo con la Sala, la Asamblea Legislativa omitió argumentar por qué las personas electas poseían competencia notoria, según el perfil requerido y omitió documentar la no afiliación partidaria de las abogadas Carmen Elena Rivas Landaverde y María del Carmen Barahona, como presidenta y primera magistrada del ente fiscalizador.

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