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Sistema de cámaras que no está funcionando por revisión de contrato costará a capitalinos $84 millones

El contrato de videovigilancia “Smart City” de la Alcaldía de San Salvador, se ha sometido recientemente a revisión, confirmó este domingo, el actual edil, Mario Durán.

Dicho contrato, que fue avalado durante la administración de Ernesto Muyshondt (2018-2021), está siendo analizado, específicamente en lo que atañe al incremento de tasas municipales para echar a andar el proyecto.

“Smart City está en revisión, porque trae un impuesto que ya está establecido en el contrato y se aplica a los capitalinos. Que quede claro que esto es de la administración anterior, nosotros no hemos aumentado las tasas; y por eso está en revisión, porque al ajustar esas tablas fue una afectación grande a la población”, manifestó Durán.

Esto significa que ninguna cámara está funcionando, aseguró el actual funcionario. “Estamos en conversaciones con la empresa, obviamente necesitamos las cámaras de seguridad y en todas partes es importante contar con ese cordón de seguridad”, explicó.

El jefe municipal aclaró que unas 400 cámaras, que fueron instaladas desde la administración de Nayib Bukele (2015-2018), continúan funcionando, debido a que no forman parte del circuito de aparatos que instaló la empresa a cargo de Smart City, EyeTech Solutions.

La sociedad EyeTech Solutions S.A. de C.V. instalaría y operaría 1,335 cámaras de videovigilancia en un plazo de 15 años. Esta costará los capitalinos $84,881.670 millones, y para dicho gasto se aplicará un impuesto del 4% a viviendas de clase alta y empresas, “son centavos lo que van a pagar, la casa más cara de más de 1,000 metros cuadrados y que esté ubicada en zona exclusiva pagará $10,00, la empresa más grande, con edificio de más de mil metros cuadrados pagaría $70,00, las MIPYMES y viviendas de clase media y media baja pagarán entre $0.01 y $0.90 centavos”, sostuvo Muyshondt el año pasado.

EyeTech es una empresa mexicana fundada en mayo del 2011 y emprendió una demanda contra el Concejo Capitalino de Muyshondt por “ponerle trabas” para adjudicarle el contrato.

En dos anteriores casos se le denegó participar en la licitación por los altos costos que implicaba en un inicio ($121.6 millones) y porque no cumplía los requisitos establecidos en las bases de licitación, uno de estos era su experiencia, fue inscrita en El Salvador seis meses previos al concurso y su capital de inicio hacía inferir que no podría sostener el proyecto.

El impuesto del 4% sobre la zona de residencia y tamaño de inmuebles comenzó a aplicarse en marzo del 2021.

Según las bases de licitación publicadas en el sitio web del gobierno Comprasal, la empresa adjudicada está obligada a suministrar, instalar, integrar, implementar y brindar mantenimiento preventivo y correctivo, además del soporte técnico, entre otros, la plataforma y software para un centro inteligente de operaciones en San Salvador con sus subsistemas: C4, vídeo vigilancia, red municipal de conectividad y desarrollos tecnológicos asociados al Smart City de San Salvador.

Con la plataforma de Smart City, sostiene la comuna, permitirá tener acceso a la información en tiempo real y con ella se tomará decisiones basadas en esos datos en materia de prevención de delitos, con el objetivo de movilizar a la fuerza pública como Policía Nacional Civil y Cuerpo de Agentes Municipales.

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