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SITRAL denuncia más despidos y que la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa disolvió su Unidad de Acceso a la Información Pública

La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa habría ordenado el despido de todos los miembros y oficiales de la Unidad de Acceso a la Información Pública.

Marvin Prado, un empleado despedido de la Unidad de Gestión Documental y Archivos, principal instancia que cumple con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), denunció que la decisión se concretó con una correspondencia que se les envió a los cerca de 15 cesantes a inicios de esta semana.

“Dependemos de la ley de Acceso a la Información Pública. ¿Qué quiere decir eso? Aquí ya no va a haber información a la nación. Porque esta unidad se encarga de recabar todos los datos de la gestión de los Diputados y la Asamblea que solicitan los ciudadanos”, aseveró el ahora ex oficial de acceso a la información.

De momento no ha habido pronunciamiento oficial de las autoridades del Parlamento.

Este viernes, también fueron efectuados unos 280 despidos, que se encontraban por Ley de Salarios y contratos colectivos, informó el Sindicato de Trabajadores de este Órgano de Estado.

Según Luis Ortega, miembro del Sindicato SITRAL, los empleados, en su mayoría mujeres, pertenecían a Televisión Legislativa, Radio Legislativa, las Unidades de Salud Ocupacional y Archivo Legislativo. Además, no los estarían indemnizando acorde al tiempo laborado.

“Hay una violación clara de derechos laborales y sindicales, no solo porque no se cumple el debido proceso, sino que son plazas de Ley de Salarios o por contrato, ni por ley de salarios se puede y por contrato porque hay una resolución de la Sala (28-2013), y en la hoja que les están dando a los trabajadores dice que su plaza es innecesaria, otro tema son las indemnizaciones, dan la que ellos (Junta Directiva) quieren, no la que le corresponde al trabajador”, señaló el sindicalista.

El SITRAL envió un segundo documento a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reclamando que el Estado incumplió con los convenios que protegen laboralmente a personas con discapacidad, mujeres madres de familia y personas con amplia trayectoria laboral.

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